Quito, viernes 08 de agosto de 2025

Las organizaciones Asociación Silueta X, Asociación Transmasculinos Ecuador, Plataforma Nacional Resolución Trans y Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ expresamos nuestra profunda preocupación ante la detección de posibles usos oportunistas de la normativa ecuatoriana sobre cambio de género en el Registro Civil, evidenciados en los casos de José Arroyo, alcalde de Pujilí (2025), y René Salinas Ramos (denunciamos públicamente en 2023).

Estos casos plantean serias interrogantes sobre la aplicación parcial y potencialmente corrupta de las políticas registrales, así como sobre el respeto a los derechos de la comunidad trans, para quienes esta ley fue diseñada.

Contexto y Hechos

El día 7 de agosto de 2025, José Arroyo, alcalde de Pujilí y hombre abiertamente gay, fue aprehendido por presuntos actos de corrupción, tras investigaciones iniciadas en 2024. Durante su detención, transmitida en un video de una cadena ecuatoriana televisiva, se evidencia que su cédula registra su género como femenino, mientras conserva su nombre legal como José Arroyo, sin indicios de transición de género desde 2024 ni una autoidentificación previa como persona trans.

Este cambio de género, posterior al inicio de las investigaciones, ha generado sospechas sobre su intención, especialmente considerando que Arroyo ha declarado públicamente ser gay y no trans.  Este caso recuerda el precedente de René Salinas Ramos, denunciado por nuestras organizaciones en 2023. Salinas, un hombre cisgénero y heterosexual, cambió su género a femenino en el Registro Civil de Azuay para buscar ventajas legales en una disputa de custodia de sus hijas, argumentando un desequilibrio judicial a favor de las mujeres. En el 2023, las organizaciones antedichas, rechazamos entonces este uso, afirmando que la ley no fue concebida para resolver conflictos personales de personas cisgénero, sino para proteger la identidad de género de la comunidad trans.

Análisis Legal

La Ley ecuatoriana, desde la reforma de 2015, permite el cambio opcional de género en la cédula de identidad, reemplazando la mención de «sexo» por «género», como una conquista de nuestras luchas para reconocer la diversidad sexogenérica.

Esta normativa, respaldada por la Constitución de 2008 (Art. 11, inciso 2) y fallos de la Corte Constitucional, no exige requisitos médicos ni psicológicos, basándose en el principio de libre desarrollo de la personalidad (Art. 10.1). Sin embargo, el cambio de nombre, cuando acompaña el cambio de género, es un procedimiento administrativo complementario que debe solicitarse por separado, pero es considerado un derecho inherente para personas trans que buscan alinear su identidad legal con su autopercepción. En ambos casos, Arroyo y Salinas solicitaron únicamente el cambio de género y/o sexo, omitiendo el cambio de nombre, lo cual contrasta con las prácticas habituales para personas trans. Desde el 2025, nuestras organizaciones, incansablemente hemos denunciado históricamente que el Registro Civil obstaculiza estos procesos para personas trans visibles, dilando trámites o negándolos, mientras permite cambios parciales a personas cisgénero sin aparente justificación.

Esto sugiere una posible parcialidad o corrupción interna en el Registro Civil, donde funcionarios podrían estar facilitando cambios selectivos para fines no contemplados por la ley, vulnerando su espíritu original. Sobre este y otros casos hemos solicitado frecuentemente reunión con el director nacional del Registro Civil, Ottón José Rivadeneira González, recibiendo hasta la fecha omisiones. La ultima solicitud fue realizada el 22 de julio de 2025, según Oficio CIUDADANO-CIU-2025-40052, sin respuesta a la fecha.

Preocupaciones y Denuncias

1. Uso Oportunista de la Norma: Tanto Arroyo como Salinas, al no identificarse como trans, parecen haber utilizado el cambio de género como estrategia legal en contextos de disputa (corrupción y custodia, respectivamente). Esto desvirtúa la finalidad de la ley, diseñada para proteger la identidad de género de personas trans, no para resolver conflictos personales de individuos cisgénero.
2. Parcialidad en el Registro Civil: La facilidad con que se aprobaron estos cambios, frente a las barreras impuestas a personas trans, evidencia una posible corrupción o discriminación institucional. Hemos solicitado al Registro Civil explicaciones sobre estos dos eventos, expliquen y de ser necesario, sanciones y denuncien estas irregularidades.
3. Impacto en la Comunidad Trans: Estos casos refuerzan estigmas y dificultan el acceso equitativo al reconocimiento legal para personas trans, quienes enfrentan trabas sistemáticas documentadas desde 2015, por la Asociación Silueta X a nivel nacional.

Posible Corrupción Interna

La Ley ecuatoriana no define explícitamente la corrupción en el contexto del Registro Civil, pero el Código Penal (Art. 181 y siguientes) sanciona el abuso de funciones y el tráfico de influencias por parte de funcionarios públicos.

Si se probara que empleados del Registro Civil facilitaron cambios de género a personas cisgénero por motivos espurios (como favores o presión), esto constituiría una infracción penal, agravada por el daño a los derechos de la comunidad trans.

Demandas y Acciones

Exigimos:

• Una investigación transparente por parte de la Dirección Nacional del Registro Civil sobre los procedimientos de cambio de género de José Arroyo y René Salinas, incluyendo fechas y funcionarios involucrados.
• Una revisión de las políticas internas para garantizar que los cambios de género, sexo y nombre se apliquen de manera equitativa, respetando la prioridad de las personas trans.
• Que la Corte Constitucional emita una interpretación clara de la normativa, reafirmando su propósito y estableciendo salvaguardas contra usos fraudulentos.
• Sanciones a funcionarios que, de comprobarse, hayan actuado con parcialidad o corrupción.

Los casos de José Arroyo y René Salinas no solo cuestionan la integridad del Registro Civil, sino que amenazan los avances logrados por la comunidad trans. Rechazamos cualquier uso oportunista de la ley y llamamos a las autoridades a proteger su espíritu original: el reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano fundamental.

Seguiremos monitoreando este tema y apoyando a la comunidad trans en su lucha por igualdad y dignidad.

Quito, viernes 08 de agosto 2025  – Informes adicionales 0982001871 & 0981339708 – Info@FederacionLGBT.org – Info@SiluetaX.org