El descenso de solicitudes de asilo en Europa coincide con un cambio profundo de reglas. Desde el 12 de junio de 2026 se aplica el nuevo Pacto europeo sobre Migración y Asilo, incluido el Reglamento (UE) 2024/1348 sobre procedimientos de asilo. Entre sus mecanismos figura la aceleración de determinados expedientes cuando la nacionalidad de la persona solicitante tiene una tasa europea de reconocimiento igual o inferior al 20 %.

Ese umbral importa especialmente para personas latinoamericanas, porque varias nacionalidades de la región presentan tasas bajas de reconocimiento bajo las categorías europeas de estatuto de refugiado o protección subsidiaria. Pero interpretar ese dato como una prueba de que “el país es seguro” sería jurídicamente incorrecto.

Venezuela demuestra por qué la estadística necesita contexto

La EUAA sitúa la tasa europea de reconocimiento de personas venezolanas en torno al 2 % durante 2025. Sin embargo, la propia Agencia explica que España concedió formas nacionales de protección a muchas personas venezolanas que no fueron contabilizadas como protección internacional en la estadística europea. Así, una decisión puede figurar como negativa para efectos estadísticos y, al mismo tiempo, ir acompañada de una autorización nacional de permanencia.

La consecuencia es clara: el porcentaje agregado sirve para clasificar procedimientos, pero no describe por sí solo la realidad completa de protección ni el riesgo de cada solicitante.

Qué significa el umbral del 20 %

El artículo 42.1.j del Reglamento 2024/1348 dispone el examen acelerado de ciertos casos cuando la tasa media europea de reconocimiento de la nacionalidad sea del 20 % o inferior. El artículo 45 conecta ese supuesto, bajo condiciones específicas, con el procedimiento fronterizo obligatorio.

La misma norma, sin embargo, introduce un resguardo fundamental: permite apartarse de ese promedio cuando no sea representativo de las necesidades de protección de una categoría determinada. Esto puede ser decisivo para personas perseguidas por orientación sexual, identidad o expresión de género, activismo político, violencia de género u otras circunstancias particulares.

Personas LGBTIQ+: la pertenencia al grupo no basta, pero tampoco puede ignorarse

El Reglamento (UE) 2024/1347 exige valorar factores individuales y reconoce expresamente que orientación sexual, identidad de género y expresión de género pueden ser relevantes para determinar la pertenencia a un determinado grupo social. La evaluación debe conectar la identidad de la persona con hechos concretos de persecución, riesgo y ausencia de protección estatal efectiva.

Por eso, un expediente LGBTIQ+ requiere algo más que una afirmación general sobre discriminación en el país de origen. Debe explicar amenazas, agresiones, violencia institucional o familiar, discursos de odio dirigidos contra la persona, persecución política o comunitaria, respuestas estatales insuficientes y cualquier otro elemento que permita comprender por qué el retorno sería peligroso.

La lectura jurídica de Zackary Elías Morales

Zackary Oriel Elías Morales, activista trans y director de Asociación Silueta X, sostiene que el reto práctico del nuevo sistema es evitar que una herramienta estadística se transforme, de hecho, en una presunción automática contra determinados solicitantes. Su experiencia en exigibilidad constitucional y documentación de vulneraciones permite observar el problema desde una lógica de derechos: el procedimiento puede ser más rápido, pero la obligación de escuchar, verificar y valorar el riesgo individual permanece.

Qué debería preparar una persona latinoamericana antes de solicitar protección

• Una cronología clara de los hechos de persecución o riesgo.
• Documentos, mensajes, denuncias, informes médicos, decisiones administrativas o testimonios que respalden los hechos.
• Información reciente sobre condiciones de país, especialmente respecto del grupo al que pertenece.
• Explicación de por qué la protección interna fue inexistente, ineficaz o inaccesible.
• Elementos que permitan demostrar por qué el promedio nacional de reconocimiento no representa adecuadamente su caso.

La prohibición de devolución o non-refoulement continúa siendo un límite central. Ni la reducción de solicitudes ni la existencia de procedimientos acelerados elimina la obligación de evitar el retorno cuando exista un riesgo protegido por el Derecho internacional y europeo.