El caso Carlina demuestra por qué Ecuador necesita una política nacional efectiva contra las prácticas de conversión
La condena de primera instancia contra seis personas vuelve a colocar en el centro una demanda histórica de las organizaciones LGBTIQ+: prevenir, detectar, intervenir y sancionar los centros donde se intenta modificar la orientación sexual o identidad de género.
Asociación Silueta X publicó el comunicado institucional que reconstruye la incidencia desarrollada alrededor del caso Carlina y documenta su trayectoria contra las llamadas clínicas de conversión desde 2013.
Consultar comunicado de Asociación Silueta XDe una denuncia individual a un problema nacional
Las prácticas de conversión no son únicamente episodios aislados de violencia. Su persistencia demuestra la existencia de un problema que requiere coordinación entre salud, justicia, derechos humanos, gobiernos locales, Fiscalía y organizaciones de sociedad civil.
En muchos casos, los establecimientos utilizados para estas prácticas operan bajo figuras legales destinadas al tratamiento de consumo problemático de alcohol y otras drogas, mientras clandestinamente ofrecen mecanismos para modificar la orientación sexual o identidad de género.
El reto no consiste únicamente en sancionar después de que ocurre la violencia. El Estado debe ser capaz de detectar estos espacios antes de que otra persona sea internada contra su voluntad.
La articulación de organizaciones fue parte de la respuesta
En 2021, el entonces Centro Psico Trans de Asociación Silueta X, junto con organizaciones y redes vinculadas a la Federación, hizo público el caso Carlina y exigió una respuesta institucional.
La denuncia pública permitió colocar nuevamente en discusión una problemática que las organizaciones LGBTIQ+ ecuatorianas venían denunciando desde años anteriores: personas recluidas por familiares en establecimientos donde se buscaba modificar su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Revisar la denuncia pública de septiembre de 2021 →La demanda de 2022: reactivar la ruta estatal
En febrero de 2022, organizaciones articuladas con la Federación promovieron una campaña pública a través de All Out para exigir a la entonces Secretaría de Derechos Humanos que reactivara la ruta de denuncia y atención para personas recluidas contra su voluntad por motivos vinculados a orientación sexual, identidad o expresión de género.
La petición mencionó expresamente los casos de Karlina y Priscila y cuestionó que, pese a los compromisos institucionales anunciados, la sociedad civil no contara con una ruta suficientemente operativa, pública y efectiva.
El documento también registró reuniones previas con autoridades y referencias al Oficio Nro. SDH-SDD-2021-0012-O, como parte de las gestiones realizadas para exigir respuestas estatales frente a estos casos.
Consultar la campaña nacional en All Out →La sentencia de 2026 confirma la gravedad del problema
La información pública disponible señala que en 2026 seis personas fueron condenadas en primera instancia dentro del proceso penal seguido por actos de odio: tres como autores directos a cuatro años de prisión y tres como cómplices a dos años.
El proceso tuvo inicialmente siete personas llamadas a juicio. La sentencia escrita completa deberá permitir conocer de forma definitiva la situación procesal de cada una, las medidas de reparación ordenadas y los fundamentos jurídicos utilizados por el Tribunal.
No es un problema nuevo
Ecuador registra antecedentes relacionados con estas prácticas desde hace años. En 2013, el caso de Zulema Constante produjo una actuación penal vinculada a un establecimiento que ofrecía supuestamente “curar” la homosexualidad.
Por esta razón, el caso Carlina puede ser entendido como el segundo antecedente penal conocido en Ecuador relacionado con prácticas de conversión, aunque será necesario analizar la sentencia escrita antes de definir su alcance jurídico definitivo.
Qué exige ahora la Federación
La justicia no puede depender de que una víctima resista durante años
La Federación reconoce la fuerza de Carlina Zambrano Quiroz por sostener su búsqueda de justicia hasta 2026.
Su caso demuestra que la respuesta frente a las prácticas de conversión debe combinar denuncia individual, protección inmediata, incidencia pública, investigación penal y políticas estatales permanentes.
Documentación y antecedentes
Asociación Silueta X impulsa la campaña Tiempo de Igualdad e incorpora la denuncia contra prácticas de conversión.
Ver archivo audiovisualOrganizaciones vinculadas a la Federación hacen público el caso Carlina y exigen respuesta estatal.
Ver publicación originalFiscalía General del Estado reporta actuaciones investigativas y allanamientos relacionados con el caso.
Ver fuente oficialFederación, Silueta X y organizaciones aliadas impulsan la campaña para reactivar la ruta estatal frente a prácticas de conversión.
Ver campaña All OutSe conoce una sentencia condenatoria de primera instancia contra seis personas.
¿Necesitas denunciar una vulneración de derechos?
La Federación articula con Asociación Silueta X y su Consultorio Jurídico X para canalizar consultas de personas LGBTIQ+, mujeres, migrantes, personas trans y otros grupos prioritarios.
En denuncias.siluetax.org existen dos vías:
- Presentar directamente una denuncia.
- Solicitar asesoría jurídica gratuita.
Fuentes
-
Asociación Silueta X. Comunicado institucional sobre el caso Carlina y antecedentes de incidencia contra prácticas de conversión.
Consultar comunicado institucional -
Asociación Silueta X. Publicación pública del caso Carlina, 27 de septiembre de 2021.
Ver documento histórico -
Fiscalía General del Estado. Actuaciones investigativas relacionadas con el caso Karlina, septiembre de 2021.
Ver fuente oficial -
Campaña de sociedad civil en All Out para reactivar la ruta estatal frente a prácticas de conversión, febrero de 2022.
Ver campaña -
Fiscalía General del Estado. Siete personas llamadas a juicio por actos de odio, diciembre de 2024.
Ver fuente oficial